Miercoles, 06 de Mayo de 2009 - 20:08:14

TOMADO DE LA PÁGINA DE LA ASAMBLEA NACIONAL

La instancia parlamentaria aprobó abrir una investigación por la brutal orden de incinerar a más de 35 perros que vivían dentro del campus, sumado a que lo hicieron en unos salones de clase, frente a la comunidad de Caña de Azúcar y detrás de la Planta de Lácteos de la institución educativa; acción que hubiera provocado una epidemia de inalcanzables consecuencias. Asimismo, se analizará con el alto funcionario, las razones por las que expulsó al estudiante que denunció esta acción, algunas irregularidades administrativas y el presunto “terrorismo académico”

Marilyn Somaza Márquez / Prensa AN

Para referirse a la expulsión de la que fue objeto el estudiante Carlos Mogollón, del 2do. Año de Ciencias Veterinarias de la UCV, núcleo Maracay, el diputado Alberto Castelar (Falcón) tuvo un derecho de palabra en la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, que preside María Briceño de Queipo (Zulia)

El legislador aseveró que el alumno fue destituido por un lapso de 2 meses que, en su caso, equivale a perder todo el año de estudios por inasistencia, “sólo por el delito de opinar y hacer un fuerte señalamiento a la autoridad decanal”.

Según el parlamentario, acciones arbitrarias como la del Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UCV, Rafael Infante, confirman que no hay estado de derecho en nuestras universidades, “pues Mogollón lo que hizo fue denunciar el asesinato de más de 35 perros, que luego fueron quemados, dentro de las instalaciones universitarias”.

Mencionó Castelar que, usualmente, los canes son recogidos en esa Facultad para luego ser adoptados por personas amantes de animales domésticos, por lo que aprovechó para hacer un llamado a las asociaciones defensoras de animales, tanto públicas como privadas, para que se pronuncien sobre el caso.

Propuso la comparecencia del Decano, para que explique las razones por las cuales, y a raíz de las denuncias del estudiante, él procedió a expulsarlo. Además, exhortó oficiar a la Comisión de Ambiente, a través de la Subcomisión de Diversidad Biológica, para que se sume a la investigación.

El caso en cuestión

El estudiante Carlos Mogollón tomó la palabra para recordar que fue justamente cuando se abrió esa Facultad que se acordó erradicar la presencia del gran número de perros que existían en sus alrededores y, de manera espontánea, un grupo de estudiantes enfrentó la situación porque les parecía una “incongruencia”.

Fue así como  el Decano le solicita a Corposalud del estado Aragua para que “los elimine”. Esta corporación se niega rotundamente y saca un comunicado en el que alega que si no existía una justificación sanitaria, no lo haría. No obstante, los estudiantes organizan un plan de vacunación para más de 100 perros que habían censado ellos mismos; plazo que –en un principio- fue prorrogado.

Agregó Mogollón que cuando se iba  a realizar la jornada, se dan cuenta que existían unos 25 perros, a lo sumo. Se dirigieron a la Clínica de Pequeños Animales, ubicada en el mismo campus, y a la Cátedra de Animales, pero no dan con los cadáveres de los animales. Posteriormente, fue en los Salones de Bacteriología donde, finalmente, encontraron “un hecho atroz: más de 30 perros calcinados”.

- Lo peor es que estos Salones se encuentran frente a la conocida comunidad de Caña de Azúcar y detrás de una Planta de Lácteos de la Universidad. Si ellos justifican la muerte de perros por una medida sanitaria, cómo es posible que se encuentren calcinados en los salones, afectando a toda una comunidad –inquirió Mogollón.

Luego de este hecho, el estudiante elabora una “Carta Abierta” al Decano para reclamar no sólo eso, sino solicitar mejoras de infraestructura del recinto y mantenimiento de las cavas de anatomía, entre otros puntos. Asimismo, le insta a que abra un debate con la comunidad estudiantil.

La incomodidad del Decano lo llevó a que el 15 de marzo le abriera un expediente, un proceso administrativo a Mogollón, por “injuria y falta de respeto” y, el 13 de abril, recibiera una notificación de expulsión de la universidad, por 2 meses.
- Me parece que esa acción es un flagrante abuso de poder. Existen medidas como la amonestación verbal y escrita; además, la ética lo llama a que no sea juez y parte –adujo.